Programas sociales

La Dirección de Presupuestos expuso esta semana las conclusiones de la evaluación realizada a 30 programas públicos, lo que dio como resultado que cinco deben ser totalmente reemplazados, 18 requieren rediseños sustantivos y siete ajustes de diseño y/o gestión.
Tomando las palabras de la directora de Presupuestos, la lectura final que debe estar detrás de estas revisiones es tener una mejor calidad del gasto público y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos fiscales.
Resulta de toda lógica tener certeza de que los recursos estatales que se están entregando están bien enfocados y que los programas existentes tienen plena vigencia.
Esto no es sólo aplicable para los programas que un mismo gobierno pone en práctica, sino también para aquellos que se mantienen desde años anteriores, dado que las condiciones de quienes están siendo beneficiados pueden haber cambiado sustancialmente, por lo que dicha ayuda podría pasar a otras personas.
Hace algún tiempo se generó una controversia por las múltiples declaraciones emitidas por el gobierno en orden a no sólo realizar una intensa revisión de los recursos asignados a los programas sociales heredados de las administraciones anteriores, sino que también -eventualmente- decidir su reformulación o eliminación en el diseño del Presupuesto 2011.
Sin embargo, más allá de sacar cuentas políticas de uno u otro lado, lo que debiera primar es la certeza absoluta de que los recursos asignados están cumpliendo con los objetivos trazados al momento de crearse los programas.
De hecho, en los gobiernos de la Concertación también se evaluaron los programas sociales, por lo que no debiera llamar a alarma si el objetivo final apunta hacia una más eficiente racionalización de ellos.
Es en ese contexto que resulta tan fundamental tener el máximo de información acerca de las familias y personas beneficiadas por dichas iniciativas, dado que al final de cuentas es la única manera de tener datos veraces respecto a la efectividad del gasto social.
Pero junto con lo anterior es importante que las recomendaciones que hagan los expertos también vayan siendo monitoreadas, con el objetivo de hacer un seguimiento más exhaustivo de los programas en cuestión.
Por todo lo anterior, no se trata de llegar y pedir que el gasto social aumente, lo que es fácil cuando se está en medio de períodos electorales. Pero dichos incrementos sólo son eficientes si ocurren después de tener la certeza absoluta que los recursos efectivamente están llegando a quienes los necesitan.